Juan Torres Lopez . Catedratico de Economía
Un estudio de Consultores de Gobierno Corporativo (CGC) señalaba que a finales de 2006 diez familias y una veintena de empresarios (la mayoría de las cuales se enriquecieron o consolidaron su riqueza durante el franquismo) tenían en esa fecha bajo su control a 19 de las 35 mayores empresas cotizadas en España y eran propietarios del 20,14% de su capital. Según el profesor Iago Santos, una pequeña elite que representa el 0,0035% de la población española controla recursos que equivalen al 80,5% del PIB. Un control que no solo le permite tener las retribuciones más altas de Europa como miembros de los consejos de administración sino también, y sobre todo, influir muy directa y decisivamente en las decisiones gubernamentales que les afectan.
Esas personas y grupos tienen muy claro lo que desean y por lo que deben luchar en cada momento y mucho más ahora que hay que hacer frente a una crisis que en gran medida han provocado ellos mismos.
Ahora tratan de presionar al máximo para lograr tres grandes objetivos. El primero, establecer reformas en la legislación laboral que les den más libertad, que les permitan reducir costes y que debiliten aún más a los trabajadores a la hora de defender sus derechos laborales. El segundo, avanzar, o incluso llegar a establecer si tienen fuerza suficiente, un sistema de capitalización privado que sustituya al actual modelo de reparto de las pensiones públicas. Y, finalmente, disminuir genéricamente la capacidad de maniobra de los gobiernos para seguir desplazando el poder de decisión sobre cuestiones económicas hacia espacios e instituciones no representativas en las que lógicamente pueden influir más cómoda y eficazmente.
Para defender esa estrategia tienen medios de comunicación, periodistas, organizaciones sociales y empresariales, profesores, economistas y políticos que constantemente se encargan de propagar las ideas que les interesa poner en práctica y entre los que ocupan una posición privilegiada los directivos de los bancos centrales con sus gobernadores al frente.
El papel de estos últimos es fundamental porque, gracias precisamente a ese poder mediático, tienen fama de autoridades objetivas e independientes, lo que les permite defender esas mismas propuestas ante la población como si fueran sabios y neutrales portadores de las ideas objetivas y científicas que sin duda conviene aplicar al conjunto de la sociedad.
Lo hemos visto claramente en los últimos meses y lo seguiremos viendo de forma cada vez más evidente en el futuro próximo: el gobernador del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, y el de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, reclaman constantemente esas tres medidas centrándose en los últimos días de forma coincidente en la reforma laboral.
Frente a la prepotencia con la que se dirigen a los ciudadanos, es necesario que éstos sepan que las propuestas que hacen los gobernadores son el resultado de sus posiciones ideológicas y no de verdades científicas que puedan considerarse, como ellos las presentan, inexorables o indiscutibles.
Deben saber asimismo que las instituciones a las que representan no son precisamente el templo del saber objetivo, como quieren hacer creer, y que los informes que elaboran no son tampoco el mejor ejemplo de independencia, libertad de pensamiento y pluralidad.
Los bancos centrales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, se han consolidado como instrumentos al servicio de los grandes poderes económicos y financieros en donde se coopta a sus profesionales con criterios ideológicos y en donde se ha marginado y se margina hasta la extenuación a quienes no suscriben los postulados liberales. Y es necesario que sepan, además, que esa ideología liberal de la que parten sus proposiciones es especialmente irrealista y errónea.
La mejor y más definitiva prueba de ello es comprobar hasta qué punto se han venido equivocando y se equivocan en sus análisis y predicciones y en qué medida tan evidente han adoptado medidas que han provocado los problema financieros que padecemos en lugar de resolverlos.
El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales deberían haber tomado medidas para evitar la insolvencia generalizada a la que dado lugar el irresponsable comportamiento de los bancos y no lo hicieron. Deberían haber previsto la crisis que iba a provocar la ingente acumulación de riesgo y no lo hicieron, actuaron tarde y el sistema financiero ha paralizado la economía real sin que hayan sido capaces de evitarlo.
Deberían haber adoptado medidas en España para que el dinero de los bancos no se dedicara a financiar una burbuja inmobiliaria y miraron a otro lado. Y ahora, en lugar, de hacer frente con decisión a las reformas financieras que pudieran impedir en el futuro que los banqueros vuelvan a llevar a la ruina a la economía, se dedican a proponer reformas laborales o del sistema de pensiones que, en realidad, solo podrían conseguir que los grupos privilegiados disfruten de mayores beneficios.
Los ciudadanos tienen que saber que las propuestas ideologizadas del gobernador del Banco de España no le convienen a la inmensa mayoría de la población y que, además, no inciden en los verdaderos problemas de la economía española. Los problemas del mercado de trabajo español, que crea mucho empleo en épocas de crecimiento pero tan precario que enseguida lo destruye cuando se ralentiza el crecimiento, no se resuelven disminuyendo los salarios, eliminando derechos laborales o aumentando el poder de negociación de las empresas. Así, como proponen los grupos oligárquicos de los que actúa como vocero el gobernador, lo que se logra es consolidar un modelo de competitividad basada en la mano de obra barata que está condenado al fracaso, no solo porque nos empobrece cada vez más sino porque siempre habrá otro países que pueda situarse por debajo de nuestros niveles salariales.
¿Por qué no dice el gobernador que nuestra productividad lleva estancada quince años y de que para salir de esa situación lo que se necesita es un capital humano más preparado, más capital social y mejores infraestructuras que requieren más gasto público, como nos demuestra la experiencia de los países más avanzados que el nuestro? ¿No le resulta significativo al gobernador que el país que más empleo destruye sea justamente el único de la OCDE en donde bajaron los salarios reales de 1995 a 2005? ¿Por qué no habla Ordóñez de que las exportaciones de alta tecnología española solo representaban en 2006 el 4,96% del total, frente al 16,65% de la UE-27 y que para darle la vuelta ese problema habría que multiplicar el gasto en educación y en I+D+i?
¿Y cómo es que el gobernador no cae en la cuenta de que los países europeos más competitivos tienen una flexibilidad que no es precisamente la que aquí se propone y mucha más protección social? Como mira a otro lado no puede preocuparse, qué casualidad, de que nuestra tasa de abandono escolar sea caso tres veces más alta que la de la U-27, lo que sí constituye un lastre decisivo para nuestro mercado laboral, o de que nuestro porcentaje de gasto en protección social, cuya suficiencia sería fundamental para reformar sin pérdida de bienestar el mercado de trabajo, esté a seis puntos de dicha media?
Los ciudadanos deben saber todo esto para ser conscientes de los intereses a los que sirven los gobernadores y directivos de los bancos centrales. Deben saber que no son autoridades objetivas e independientes sino que en la práctica actúan como empleados de los grandes banqueros y empresarios y por eso es habitual, como ocurre en España, que después de hacerles la tarea terminen en sus consejos de administración o como dirigentes de la patronal bancaria.
