Especial Crisis Económica

Lo que no se dice de la crisis . Vicent Navarro
La crisis económica Global.Michel Chossudosvky
La UE y Zapatero se superan, o cuando los locos son los lazarillos de los ciegos
Zapatero Hinca la rodilla. Juan Torres Lopez

2010 el año del Crash

Santiago Niño Becerra . Catedratico de Estructura Económica.
Lo ocurrido desde 2008, en España y a escala mundial, es sólo la antesala de la crisis sistémica que estallará a partir del próximo verano. El crédito se restringirá, el consumo disminuirá y el paro subirá
El mensaje oficial -en todas las economías, en todos los países- en este año que comienza es "Ya ha pasado lo peor; ahora a crecer de nuevo". Finalmente, la mayoría ha admitido que lo vivido en estos dos últimos años ha sido terrible, y lo sucedido en el primer semestre del 2009, lo más duro desde la Gran Depresión. Bien, como explico en mi libro El crash del 2010, lo sucedido es sólo la antesala de lo que está por llegar, lo sucedido ha sido la precrisis de la crisis sistémica que, entiendo, estallará a mediados del año en curso.
De entrada, una matización. Quienes han sido más realistas hasta ahora comparan lo acontecido desde mediados del 2008 con lo sucedido desde mediados de 1929 y, a partir de ahí, realizan sus análisis; yo pienso, en cambio, que la secuencia comienza antes: en 1923 (en el crash de entonces) y en 2003 (en el crash actual). En efecto, un repaso de la evolución del PIB de las principales economías en ambos periodos de tiempo muestra similitudes sorprendentes; la diferencia estriba en las decisiones entonces adoptadas y en las que ahora se han adoptado. Sin embargo, el final será idéntico: una crisis sistémica fruto del agotamiento de un modo de hacer que dará origen a un nuevo modo de funcionamiento. Puede sonar misterioso, pero, en el fondo, es algo muy técnico. El año 2010 constituye la frontera.

Y en 2010 es cuando verdaderamente se producirá el inicio de los problemas. De entrada, será a lo largo de los próximos meses cuando el Banco Central Europeo (BCE) pondrá fin al acceso fácil (y barato) a su dinero para las entidades financieras, lo que significará, entre otras cosas, el final de una forma fácil (y barata) de negocio: pedírselo prestado al BCE al 1% e invertirlo en Deuda Pública al 3%.

Para las empresas, el 2010 supondrá unas mayores dificultades (mucho mayores) a la hora de obtener financiación, debido a una creciente percepción de impago posible por parte de las agencias de calificación y de las propias entidades financieras, lo que les llevará a restringir el crédito en cualquiera de sus formas. (Evidentemente, lo dicho en el punto anterior influirá en estas mayores dificultades de financiación, ya que hará más caro a las entidades financieras la obtención de fondos).

Tampoco podrá extenderse más allá del 2010 la ficción en la que han vivido (porque así lo consideraron conveniente) los reguladores financieros: la aceptación como buenos de gran número de activos que un análisis exigente hubiese demostrado inaceptables (¿estamos hablando de 600.000 millones de euros?, ¿más?); una ficción que ha permitido posponer el crash unos meses, pero cuya afloración tendrá consecuencias. Si a esto añadimos la propia deuda de las entidades financieras (410.000 millones de euros es la que las españolas deberán atender entre 2010 y 2012), el panorama de estas entidades es, como poco, muy preocupante. Volveremos sobre el sistema financiero.

A lo largo de 2010, esas menores o más difíciles posibilidades de financiación para las empresas se traducirán en una ocupación decreciente, es decir, en un desempleo al alza. A ello contribuirán las restricciones en el consumo de todo tipo de bienes y servicios debidas al aumento del paro y al colapso de la capacidad de endeudamiento de las familias, y ello, tanto a nivel nacional como internacional, demostrará la imposibilidad de que las exportaciones se conviertan en la solución de todos los problemas, como así pretenden todos los Gobiernos de todos los países. En consecuencia, el peligro de la tan temida inflación puede darse por conculcado debido a que el consumo se derrumbará, lo que aleja la posibilidad de alzas significativas en los tipos de interés.

¿La consecuencia más inmediata de lo anterior? Rentas decrecientes por congelaciones salariales y por reducción de los beneficios empresariales, y rentas medias a la baja debido al aumento del desempleo y a la caída de la actividad económica, lo que se traducirá en caídas de los pluses y de los bonus pagados por las empresas. La capacidad de consumo descenderá, y, a la vez, lo hará la recaudación de los Estados, tanto por lo que respecta a la imposición indirecta como a la directa. La salida natural a un decorado como el descrito es hacia la economía sumergida (y mucho más en casos como el español, debido al reducido valor añadido de los bienes fabricados).

En 2010 también se asistirá al fin de lo que verdaderamente ha posibilitado la recuperación habida en el segundo semestre del 2009: los estímulos, las ayudas y las inyecciones directas e indirectas, aunque generalizadas, aplicados por los gobiernos.

Su final se producirá por el hecho de que la propia capacidad de endeudamiento de los Estados (al menos en su forma actual) ha llegado a su fin (el caso de Grecia ha sido la primera manifestación). Pero el final de esos estímulos tendrá consecuencias: dejarán de ser factibles tareas realizadas al calor del Gasto Público y dejarán de ser sostenibles realidades creadas al abrigo de avales y garantías estatales.

Durante el año 2010, y vinculado con lo anterior, los Estados deberán ir realizando aquellos ajustes presupuestarios más imperativos; menos, entiendo, por el lado del aumento de ingresos como por el del decremento de gastos, es decir, no tanto incrementando las figuras impositivas como reduciendo el Gasto Público. El objetivo será doble: disminuir sus déficit y conseguir una mejor aceptación (al menor coste posible) de la Deuda Pública que tales Estados van a tener que continuar emitiendo. También estas medidas tendrán consecuencias.

En septiembre del 2007 se manifestó, con el estallido de la crisis de las subprime, que el modo de crecimiento que la economía mundial mantuvo hasta entonces había llegado a su agotamiento (por eso, pienso, nadie es culpable: o se hacía lo que se hizo o no se crecía en la medida en que se deseaba crecer). Las políticas desplegadas por los Estados, así como las coordinaciones financieras más o menos efectivas de los Bancos Centrales y de las instituciones internacionales han permitido alargar la situación más de dos años a un coste enorme: enormes déficit, cierto, pero lo peor es que sólo para llegar más tarde a un punto muerto.

En 2010, pienso, todas estas carencias serán puestas sobre la mesa, dando comienzo a una crisis larga y profunda muy semejante a la Gran Depresión, aunque con el handicap de que la salida será muy distinta a la que se produjo en 1950.

¿España? Le irá todo peor que a la mayoría debido a su particular modo de hacer las cosas: actividades intensivas en factor trabajo, generadoras de bajo valor añadido y proporcionalmente más dependientes que otras del exterior y del crédito. Para 2010 estimo que el PIB español experimentará una tasa de variación de entre el -4,4% y el -4,2%. Y nuestra tasa de desempleo se situará entre el 22,0% y el 23,0% de la población activa, y ello sin considerar ni el desempleo encubierto ni el subempleo. Una joya de año, vamos (y será el principio).

De como las elites nos manipulan

Juan Torres Lopez . Catedratico de Economía

Un estudio de Consultores de Gobierno Corporativo (CGC) señalaba que a finales de 2006 diez familias y una veintena de empresarios (la mayoría de las cuales se enriquecieron o consolidaron su riqueza durante el franquismo) tenían en esa fecha bajo su control a 19 de las 35 mayores empresas cotizadas en España y eran propietarios del 20,14% de su capital. Según el profesor Iago Santos, una pequeña elite que representa el 0,0035% de la población española controla recursos que equivalen al 80,5% del PIB. Un control que no solo le permite tener las retribuciones más altas de Europa como miembros de los consejos de administración sino también, y sobre todo, influir muy directa y decisivamente en las decisiones gubernamentales que les afectan.

Esas personas y grupos tienen muy claro lo que desean y por lo que deben luchar en cada momento y mucho más ahora que hay que hacer frente a una crisis que en gran medida han provocado ellos mismos.

Ahora tratan de presionar al máximo para lograr tres grandes objetivos. El primero, establecer reformas en la legislación laboral que les den más libertad, que les permitan reducir costes y que debiliten aún más a los trabajadores a la hora de defender sus derechos laborales. El segundo, avanzar, o incluso llegar a establecer si tienen fuerza suficiente, un sistema de capitalización privado que sustituya al actual modelo de reparto de las pensiones públicas. Y, finalmente, disminuir genéricamente la capacidad de maniobra de los gobiernos para seguir desplazando el poder de decisión sobre cuestiones económicas hacia espacios e instituciones no representativas en las que lógicamente pueden influir más cómoda y eficazmente.

Para defender esa estrategia tienen medios de comunicación, periodistas, organizaciones sociales y empresariales, profesores, economistas y políticos que constantemente se encargan de propagar las ideas que les interesa poner en práctica y entre los que ocupan una posición privilegiada los directivos de los bancos centrales con sus gobernadores al frente.

El papel de estos últimos es fundamental porque, gracias precisamente a ese poder mediático, tienen fama de autoridades objetivas e independientes, lo que les permite defender esas mismas propuestas ante la población como si fueran sabios y neutrales portadores de las ideas objetivas y científicas que sin duda conviene aplicar al conjunto de la sociedad.

Lo hemos visto claramente en los últimos meses y lo seguiremos viendo de forma cada vez más evidente en el futuro próximo: el gobernador del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, y el de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, reclaman constantemente esas tres medidas centrándose en los últimos días de forma coincidente en la reforma laboral.

Frente a la prepotencia con la que se dirigen a los ciudadanos, es necesario que éstos sepan que las propuestas que hacen los gobernadores son el resultado de sus posiciones ideológicas y no de verdades científicas que puedan considerarse, como ellos las presentan, inexorables o indiscutibles.

Deben saber asimismo que las instituciones a las que representan no son precisamente el templo del saber objetivo, como quieren hacer creer, y que los informes que elaboran no son tampoco el mejor ejemplo de independencia, libertad de pensamiento y pluralidad.

Los bancos centrales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, se han consolidado como instrumentos al servicio de los grandes poderes económicos y financieros en donde se coopta a sus profesionales con criterios ideológicos y en donde se ha marginado y se margina hasta la extenuación a quienes no suscriben los postulados liberales. Y es necesario que sepan, además, que esa ideología liberal de la que parten sus proposiciones es especialmente irrealista y errónea.

La mejor y más definitiva prueba de ello es comprobar hasta qué punto se han venido equivocando y se equivocan en sus análisis y predicciones y en qué medida tan evidente han adoptado medidas que han provocado los problema financieros que padecemos en lugar de resolverlos.

El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales deberían haber tomado medidas para evitar la insolvencia generalizada a la que dado lugar el irresponsable comportamiento de los bancos y no lo hicieron. Deberían haber previsto la crisis que iba a provocar la ingente acumulación de riesgo y no lo hicieron, actuaron tarde y el sistema financiero ha paralizado la economía real sin que hayan sido capaces de evitarlo.

Deberían haber adoptado medidas en España para que el dinero de los bancos no se dedicara a financiar una burbuja inmobiliaria y miraron a otro lado. Y ahora, en lugar, de hacer frente con decisión a las reformas financieras que pudieran impedir en el futuro que los banqueros vuelvan a llevar a la ruina a la economía, se dedican a proponer reformas laborales o del sistema de pensiones que, en realidad, solo podrían conseguir que los grupos privilegiados disfruten de mayores beneficios.

Los ciudadanos tienen que saber que las propuestas ideologizadas del gobernador del Banco de España no le convienen a la inmensa mayoría de la población y que, además, no inciden en los verdaderos problemas de la economía española. Los problemas del mercado de trabajo español, que crea mucho empleo en épocas de crecimiento pero tan precario que enseguida lo destruye cuando se ralentiza el crecimiento, no se resuelven disminuyendo los salarios, eliminando derechos laborales o aumentando el poder de negociación de las empresas. Así, como proponen los grupos oligárquicos de los que actúa como vocero el gobernador, lo que se logra es consolidar un modelo de competitividad basada en la mano de obra barata que está condenado al fracaso, no solo porque nos empobrece cada vez más sino porque siempre habrá otro países que pueda situarse por debajo de nuestros niveles salariales.

¿Por qué no dice el gobernador que nuestra productividad lleva estancada quince años y de que para salir de esa situación lo que se necesita es un capital humano más preparado, más capital social y mejores infraestructuras que requieren más gasto público, como nos demuestra la experiencia de los países más avanzados que el nuestro? ¿No le resulta significativo al gobernador que el país que más empleo destruye sea justamente el único de la OCDE en donde bajaron los salarios reales de 1995 a 2005? ¿Por qué no habla Ordóñez de que las exportaciones de alta tecnología española solo representaban en 2006 el 4,96% del total, frente al 16,65% de la UE-27 y que para darle la vuelta ese problema habría que multiplicar el gasto en educación y en I+D+i?

¿Y cómo es que el gobernador no cae en la cuenta de que los países europeos más competitivos tienen una flexibilidad que no es precisamente la que aquí se propone y mucha más protección social? Como mira a otro lado no puede preocuparse, qué casualidad, de que nuestra tasa de abandono escolar sea caso tres veces más alta que la de la U-27, lo que sí constituye un lastre decisivo para nuestro mercado laboral, o de que nuestro porcentaje de gasto en protección social, cuya suficiencia sería fundamental para reformar sin pérdida de bienestar el mercado de trabajo, esté a seis puntos de dicha media?

Los ciudadanos deben saber todo esto para ser conscientes de los intereses a los que sirven los gobernadores y directivos de los bancos centrales. Deben saber que no son autoridades objetivas e independientes sino que en la práctica actúan como empleados de los grandes banqueros y empresarios y por eso es habitual, como ocurre en España, que después de hacerles la tarea terminen en sus consejos de administración o como dirigentes de la patronal bancaria.