Jose Antonio Perez
En el Tercer Año Triunfal del capitalismo en crisis, el Gobierno se dispone a disciplinar a las principales víctimas de los manejos especuladores: los parados. Un Gobierno que ha mimado a la Banca con cuantiosas inyecciones de dinero público pretende aplicar sobre los desempleados que reciben un misérrimo subsidio de 426 euros una severa política de vigilancia y castigo. De entrada, los perceptores del subsidio que no acepten participar en cursos de formación en un plazo de 30 días se verán privados de él. ¿Se aplicará la Administración a sí misma esa regla, penalizándose en caso de no ser capaz de ofrecer al parado una actividad formativa a los 30 días de su inscripción en el registro del Inem?
En lugar de castigar a los banqueros por sus desmesuras, como propuso John K. Galbraith, el Gobierno prefiere castigar a los trabajadores, especialmente a los que han perdido su empleo a causa de la crisis generada por la delincuencia financiera internacional. (Y por sus correspondientes sucursales en España).
En este sentido, el PSOE ha conseguido sacar adelante en el Senado el proyecto de ley de reforma laboral. Si durante su discusión por el Congreso el debate se centró en el despido y sus causas, en el trámite del Senado las discusiones se han centrado en cómo aumentar el control sobre los parados: El periodo de gracia del que gozan ahora para aceptar cursos cuando empiezan a cobrar la prestación se reducirá de 100 a 30 días a petición del PSOE. Cumplido este periodo, al parado se le retirará la prestación de desempleo. Para lograr la unanimidad en torno a esta iniciativa, los socialistas aceptaron una propuesta del PP que exige que los cursos que se ofrezcan al desempleado se adapten a su perfil.
La sospecha de que las personas desempleadas compatibilizan el cobro de la prestación por desempleo con un trabajo sumergido obedece más a un prejuicio ideológico que a una realidad concreta. Por supuesto, como en tantos otros aspectos de la vida social (médicos, odontólogos, fontaneros, etc.) hay gente que sucumbe a la tentación de fraude en la percepción del subsidio. Pero estos casos son una minoría, pues el mercado negro de trabajo no tiene capacidad para emplear a los cinco millones de parados que hay en España. Además, el hecho de que una persona que recibe una ayuda de 426 euros mensuales realice ocasionalmente alguna chapuza “en negro” no debiera ser piedra de escándalo, pues no es fácil subsistir únicamente con el importe del subsidio. Leer más
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