La de este sábado ha sido la segunda protesta en una semana en la que los ciudadanos, convocados por la coordinadora 25-S, han exigido en las inmediaciones del Congreso la apertura de un nuevo proceso constituyente.
Aunque la capital amaneció sitiada por la Policía –entre 1.300 y 1.600 agentes participaron en un desproporcionado despliegue policial desplegado durante toda la jornada por las calles del centro de la ciudad– la movilización se desarrolló en todo momento de forma pacífica y no se registró ningún incidente. La Policía sí pidió la identificación a algunos manifestantes en diferentes puntos de la protesta. Según algunos testigos, los agentes llegaron incluso a requerir la documentación a personas que se dirigían a la manifestación cuando ésta todavía no había comenzado. La coordinadora 25-S, promotora de la movilización, no había comunicado por el cauce oficial a la Delegación del Gobierno su voluntad de llevar a cabo esta protesta, al entender que el departamento dirigido Cifuentes ya tenía conocimiento suficiente de las acciones que se llevaría a cabo para tomar las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de la marcha y la circulación del tráfico en la zona. Por ello, y tal y como había avisado Cifuentes, es posible que a estas personas se les abra un expediente sancionador que derive en una sanción de hasta 300 euros por participar en una concentración "no autorizada".
Decenas de furgones policiales escoltaron en todo momento a los manifestantes que, en tono festivo, entonaron consignas de sobra conocidas en el movimiento de los indignados como "¡Lo llaman democracia y no lo es!" o "¡Qué no, qué no, qué no nos representan!". Las proclamas a favor del derecho a la vivienda y contra el drama de los desahucios también fueron muy repetidas en la marcha. Al grito "¡No es suicidio, es homicidio!" los manifestantes también recordaron a José Miguel Domingo, el hombre de 54 años que se suicidó el pasado jueves en Granada horas antes de ser desahuciado.
Las peticiones de dimisión del Gobierno del PP y las referencias al pago de una deuda soberana considerada "ilegítima" también fueron constantes en la movilización. De hecho, una de las pancartas tras las que marcharon los manifestantes rezaba: "Abolición de la deuda externa" escrito en inglés, un claro mensaje a las instituciones internacionales que marcan el devenir de la política económica de los países del sur de Europa, entre ellos, España. De hecho, según los Presupuestos para el próximo año, la partida que el Ejecutivo destinará a pagar los intereses de la deuda en 2013 aumentará en 9.742 millones con respecto a 2012. En total, el Estado tendrá que pagar 38.590 millones por ese concepto el año próximo.
A las 21.00 horas, poco después de que la manifestación llegara a la plaza de Cánovas del Castillo, los concentrados hicieron un "grito mudo", es decir, sentados en el suelo agitaron sus brazos en el aire para protestar contra el "secuestro" de la democracia y en señal de reprobación a los representantes políticos que, "ajenos a la soberanía popular", siguen el dictado de la troika (BCE, FMI y UE) y no atienden a las "necesidades reales" de la población.
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